La jueza María Laura Martini, de Rawson, dictó una medida de restricción contra Luis Núñez, titular del STIA, tras la denuncia de tres diputados oficialistas por presuntas amenazas durante una reunión en la Legislatura. Según los legisladores Daniel Hollman, Sixto Bermejo y Sandra Willatowski, Núñez habría hecho referencias intimidatorias, lo que motivó la medida cautelar hasta el 31 de diciembre. Aunque las denuncias contra otros implicados fueron levantadas, el caso sigue en la Justicia por la gravedad de lo expuesto.
Según la acusación, el incidente tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en la Legislatura, durante una reunión convocada para discutir un proyecto de ley relacionado con las ART. La denuncia detalla un clima de agresividad y amenazas explícitas por parte del sindicalista, quien habría aludido a posibles escraches en domicilios personales de los legisladores.
La reunión fue solicitada por gremios afiliados a la CGT, pero los diputados señalaron irregularidades en su desarrollo, como la presencia de más representantes gremiales de los inicialmente acordados. Entre los asistentes también se encontraba un dirigente de Camioneros, Luis Collio, quien no fue denunciado. La Fiscalía de Rawson amplió las investigaciones tras los testimonios de los legisladores, quienes manifestaron temor por su integridad y la de sus familias.
“En primer lugar, percibimos que había mucha agresividad en los planteos que hacían. Había una idea de interpelarnos y sobre todo por el tono de voz que planteaban estas cosas no hubo mucho intercambio y en un momento toma la palabra el representante del STIA (Luis Núñez) que nos pregunta qué decisión íbamos a tomar con respecto a este proyecto porque en base a lo que nosotros decidamos, ellos iban a obran en consecuencia, que ellos iban a ver qué medidas tomaban con respecto a la decisión que nosotros teníamos y además que eso involucraba ir a nuestros domicilios personales para hacernos saber cuál era la decisión que tenían ellos y además llevar adelante un escrache (tono más amenazante), lo cual desvirtuó la reunión, lo cual hizo que se cierre la reunión y que se termine porque los diputados que participábamos interpretamos que se había llevado adelante una amenaza y que en esos términos no se podía continuar la reunión”, señala la denuncia.
Los diputados que participaron en la reunión tomaron eso como una “maniobra de amedrentamiento y amenaza de manera explícita”, por lo cual hicieron la denuncia ante la Fiscalía de Rawson.
En el fallo de la jueza Martini se hace lugar al temor expresado por los diputados provinciales: “Han expresado un temor legítimo por su integridad física, la seguridad de sus bienes y familiares. Que dicho temor se funda en la naturaleza de las amenazas recibidas, las cuales hacen razonable en la actual etapa del proceso que se adopten medidas preventivas para salvaguardar su seguridad”, escribió la jueza.
La restricción impuesta a Núñez estará vigente hasta el 31 de diciembre, a pesar de que inicialmente se había solicitado por un período mayor. Esta decisión busca atender el «temor legítimo» expresado por los denunciantes ante posibles represalias.