El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este lunes la revocación de los recientes permisos de pesca concedidos durante la gestión provincial de Mariano Arcioni. En una conferencia de prensa destinada a informar sobre la situación económica de la provincia, Torres no descartó que termine con denuncias judiciales para que funcionarios y empresarios se hagan cargo del perjuicio millonario provocado contra el Estado chubutense.
La Legislatura aprobó el 22 de diciembre de 2022, en una sesión nocturna, la concesión de siete permisos pesqueros en base a una ley que posteriormente fue derogada. «Acá hubo una ley que se aprobó y, los que hicieron las cosas mal, que paguen y respondan», apuntó Torres.
Según el Gobernador, el perjuicio económico asciende a entre 6 y 8 mil millones de pesos, fondos que podrían haber sido destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria y educativa de la provincia. «Hay beneficiarios de estos permisos que solo ofrecieron mantener 80 puestos de trabajo como única contraprestación», añadió.
A pesar de la revocación de los permisos, Torres aseguró que no se verán afectados los puestos de trabajo, pero se procederá a una nueva licitación: «La provincia no puede hacer la vista gorda de semejante perjuicio», agregó. En ese sentido, confirmó que sostendrá reuniones con los empresarios afectados durante la semana para abordar la situación.
El Gobernador enfatizó la necesidad de que tanto funcionarios como empresarios asuman la responsabilidad por las irregularidades cometidas, advirtiendo posibles consecuencias administrativas y penales. Sin embargo, aclaró que el objetivo no es perjudicar la actividad pesquera ni dejar a los trabajadores sin empleo.
En un intento por evitar litigios, Torres planea establecer un fondo destinado a la infraestructura escolar, financiado por los montos recaudados a través de la nueva licitación de los permisos pesqueros. Aquellas empresas que actualmente poseen los permisos podrían tener preferencia en la licitación, siempre y cuando paguen una suma de USD 7 millones cada una, destinada a la mencionada infraestructura. Habría una que no estaría de acuerdo en pagar ese monto.
Se espera que las reuniones programadas durante la semana proporcionen claridad sobre el futuro de la actividad pesquera en la provincia y las medidas que se tomarán para rectificar las irregularidades cometidas en la asignación de permisos.