La jueza Karina Breckle resolvió otorgar un mes de arresto domiciliario para los 5 sindicalistas del SUPA imputados por extorsión a empresarios de la pesca: Alexis Gutiérrez, Bruno Vera, Claudio Villarroel, José Zambrano y Juan Carlos Inalef. El delito en cuestión, que no está contemplado en los fueros sindicales, será investigado por un período de seis meses. Además, se les ha prohibido a los imputados mantener cualquier tipo de contacto con los denunciantes.
La magistrada Karina Breckle expresó: «El hecho que se investiga es sumamente grave. Han causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares. Afectaron la paz social provincial, las arcas provinciales, a los trabajadores y a otros sectores de la pesca. Usaron su actividad gremial para un provecho propio mediante el pedido de una palabra que aquí se dijo: la coima».
Por su parte, la fiscal Florencia Gómez, encargada de la imputación, declaró que los sindicalistas «utilizaron el gremio que conducen como un medio para obligar a los empresarios a transferir dinero mediante amenazas para sus propios beneficios particulares. Presionaban en función de la rápida descomposición de la materia prima, afectando seriamente al medio ambiente. Para ello se cubrían en un falso conflicto de incumplimiento paritario».
Gómez sostiene que, si bien existen en principio los fueros gremiales, entiende que para este caso aplica la jurisprudencia del Alto Tribunal de la provincia de Chubut en AUTOS “HG S/HABEAS CORPUS” PUERTO MADRYN EXPEDIENTE N° 100.193 AÑO 2016. A pesar de que no es pacífica la jurisprudencia, en este caso es provincial y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut se ha expedido en este sentido, y es lo que esta fiscal entiende. Ante ello, considera que es aplicable al presente caso la jurisprudencia citada.
En la audiencia celebrada este jueves en Rawson, la fiscal solicitó la acción del proceso de desafuero de los sindicalistas imputados. Esta decisión, explicó, determinará el destino del proceso, ya que de no ser aplicable a este caso la jurisprudencia citada, no solo no se procederá al pedido de Prisión Preventiva, sino que los acusados no comparecerán al proceso, ya que solo lo harán de manera voluntaria.
«No se puede decir que tener fueros sea un escudo para la impunidad», señaló la fiscal. «La tutela gremial no implica un derecho especial del cual gozan los representantes gremiales», agregó Gómez. En este sentido, recordó que la Ley 23551, relacionada con los derechos de los trabajadores, en la cual se apoyaron los constituyentes para implementar los fueros gremiales.