Como se sabe, el conflicto pesquero sigue y está paralizada la actividad en el Puerto de Rawson, pero también en la mayoría de las plantas en tierra que operan en las ciudades portuarias de la provincia. El sábado último, las cámaras pesqueras de la Flota Amarilla y de las empresas procesadoras (Cafach y Capip), a las que se sumó Conarpesa, declararon paralizada la actividad, lo que afecta especialmente la zafra del langostino. Las empresas acusan falta de paz social y de condiciones para trabajar, y denuncian reclamos irrazonables por encima de la inflación de algunos de los gremios. Si no se resuelve pronto, el conflicto salarial que del Supa pasó al STIA, y se extendería al Somu, es probable que se pierda la temporada. Mal negocio para todos. Llegado a este punto, conviene «sumariar» el tema.
Es recurrente que aparezcan informaciones dando cuenta de vehículos detenidos con carga ilegal de langostinos, en la temporada alta fresquera que va de octubre a marzo. En enero hubo algunos casos. La jornada del 8 de enero fue particularmente intensa, ya que detuvieron una camioneta cargada de langostinos que circulaba de noche perdiendo líquido por la caja, y otra más, cerca de El Elsa, en las mismas condiciones. Llevaban más de 1.000 kilos de langostinos cada una sin ningún tipo de control ni medidas de bioseguridad, ni cadena de frío. Esa camioneta y algunas otras harían en temporada alta de cuatro a cinco viajes diarios hacia plantas clandestinas de procesamiento de pescado en Trelew y Rawson. En el gobierno que conduce Nacho Torres creen que esos establecimientos ilegales contaron con protección política durante los años de peronismo. El problema es añejo y períodico. ¿Dónde está el control de Prefectura de Rawson en la entrada y salida del puerto?
La pesca informal, o la formal que pasa a serlo cuando el langostino se transforma en moneda, tiene esquemas de micro corrupción muy aceitados. El plan del Gobierno provincial es digitalizar y dar más control y seguridad en el ingreso y egreso de los puertos. «Hablamos con la flota para que los cinco kilos de langostinos que les regalan a los marineros, sean con un vale a retirar por planta. Porque esos cinco kilos gratis son los que reciben el milagro de Jesús y se multiplican en cincuenta kilos… Necesitamos cortar esto de raíz y que no salga un sólo langostino sin guía...» cuenta uno de los funcionarios del gobernador Ignacio Torres. «Esos kilos que reciben los marineros, los reparten luego entre estibadores, efectivos de Prefectura, inspectores de la Secretaría de Pesca…» cuenta la fuente.
Lo que ocurre es que en los puertos hay una cantidad inconmensurable de negocios en negro, ilegales, que van desde la subdeclaración de especies capturadas a la fuga lisa y llana de camiones cargados de pesca ilegal, o tráfico de drogas. La cantidad de «kioscos» es incontable. La intención del gobernador Torres es «blanquear» todo esto, que vayan presos los que deben ir, y que cada quien gane su parte de manera legal. Habrá control con escáneres móviles, además. Esos equipos estarían en marzo en los puertos locales.
¿De qué estamos hablando en cifras, para dimensionar la pérdida? Los langostinos que fueron finalmente enterrados en Trelew equivalen a poco más del 0,13 % de la captura anual promedio. En un año récord, como 2018, la pesca de langostino en aguas patagónicas fue de cerca de 230.000 toneladas. Ahora promedia 170.000 tns. ¿Qué valor comercial tiene el langostino fresco? Los empresarios denunciaron que el langostino que debieron descartar vale USD 5.000.000. Esto es unos USD 15 por kilo. Se perdieron, dicen las empresas, otros USD 125 millones por los días en que no se pudo pescar con normalidad, hasta la semana pasada. Esta cifra va a crecer, en un negocio que puede generar entre mil y dos mil millones de dólares en exportaciones cada año.
El viernes último hubo una suerte de protesta por parte del STIA. «Hacen trabajo a desgano y asambleas con el pescado en las mesas, eso es peor que un paro porque se pudre la materia prima…» dice una fuente oficial. Cuentan que este clima de asambleas en las plantas es lo que empujó a los empresarios de la pesca a hacer el duro comunicado difundido durante el fin de semana, suspendiendo la actividad en el puerto de Rawson, y por extensión, a varias procesadoras en Comodoro, Rawson y Puerto Madryn, de acuerdo a la información que maneja el gobierno de la provincia. Esta situación que se agregó a la protesta del Supa, generó una conversación reservada, presumiblemente el sábado, entre el titular histórico del STIA, Luis Núñez, y el gobernador Ignacio Torres que sigue adelante con las causas contra dirigentes del Supa en las que está el gobierno, a causa del daño ambiental que habrían provocado los sindicalistas con la huelga que empezó el 29 de diciembre, y sobre la que se dictó una conciliación obligatoria. No se conoce el contenido de esa conservación entre Núñez y Torres.
Hay un contexto que no ayuda. Las pesqueras están con el stock «hasta arriba» y bajo precio internacional con poca demanda. Eso es un mal momento para una protesta y agrega un interrogante sobre la única pregunta que se puede hacer hoy: quién va a escarmentar a quién. Si las empresas a los sindicalistas suspendiendo la actividad, o al revés. Con la actividad frenada, pierden todos. Pero más, los trabajadores que están al final de la cadena, las plantas chicas, los fresqueros, los artesanales, y también los ilegales que cada tanto detienen en camionetas cargadas de langostinos entre Trelew y Puerto Rawson.
En el gobierno piensan que los dirigentes sindicales tienen una fantasía por la temporada buena, y la capacidad de exportar más que en un año normal, y que por eso -les dicen los gremialistas a los funcionarios- los empresarios tendrían que ceder los aumentos en las paritarias. Subas que resultan significativas hasta para la pesca. Sin embargo, en el gobierno no les dan toda la razón a las empresas. «Ahora les hemos conseguido que no paguen las retenciones… así es que tienen que resolver las paritarias, y tendrán que pagar más impuestos locales», dice una fuente oficial. La pesca paga retenciones del 9 % para productos sin valor agregado, y hay una escala que baja al 1 % a los que se agrega valor (generando trabajo) en tierra. El presidente Javier Milei quiso llevar las retenciones al 15% pero ese capítulo fiscal de la «ley Omnibus» fue retirado por el propio gobierno, por falta de consenso con bloques aliados y gobernadores, entre ellos Nacho Torres. Además, las empresas beneficiarias de los permisos de acuerdo a la nueva ley, deberán poner 7.000 millones de pesos en infraestructura escolar, y eso estaría encaminado. Ahora, lo urgente es resolver el problema salarial, para que se normalice la actividad. «La pesca es muy particular… quizá este lunes se arregla todo y salimos a pescar, o se termina de ‘picar’ y se acaba la temporada… veremos», dice un informante y conocedor del tema. Hoy, luego del comunicado de las empresas del fin de semana, la pelota la tienen los sindicatos.